miércoles, septiembre 28, 2022
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El PP exige una reforma más permisiva de la Ley de Costas


El objetivo es un mayor desarrollo económico del litoral.

La Asamblea Regional de Murcia aprobó ayer una moción por la que pide al Gobierno central una modificación de la actual Ley de Costas que permita una mayor promoción y desarrollo económico del litoral compatibilizando la preservación del medio ambiente con el mantenimiento de locales turísticos y de hostelería en la costa. 


Según defendió la diputada del PP Alicia Jiménez, la ley de Costas, aprobada en 1988, ha quedado «obsoleta» y su aplicación no solo no ha protegido el litoral, sino que ha «generado inseguridad jurídica» a los propietarios de viviendas y negocios en ciertas zonas playeras. En su opinión, esa ley «ha pasado factura en los municipios costeros de la Región de Murcia en los últimos años» al obligar a la demolición, entre otros, de un restaurante en San Pedro del Pinatar, un kiosco en Lo Pagán, once viviendas y un club de playa en Cartagena, cuatro viviendas en Mazarrón y dos terrazas hoteleras en Águilas. Además, señaló que  actualmente hay 17 instalaciones relacionadas con la hostelería en las costas de la Región cuyo mantenimiento depende de la renovación de sus licencias, y solo hay 67 servicios de temporada como chiringuitos a pie de playa debido a las dificultades que impone la normativa. 


Jiménez subrayó que el 80 por ciento del turismo de la región se desarrolla en torno a sus 274 kilómetros de costa, por lo que instó a una reforma de la Ley de Costas que beneficie a este sector y salvaguarde la promoción económica del litoral compatibilizándolo con la protección del medio ambiente. «Mantener la vigente ley de Costas tendría un efecto devastador sobre el turismo en la Región de Murcia y obligaría a suprimir empresas y puestos de trabajo», subrayó la diputada, que insistió en que la actual ley genera problemas de «inseguridad jurídica» e «indefensión» entre familias y empresarios. 


La moción no contó con el apoyo del diputado del grupo socialista, Francisco Abellán, ni con el de IU, José Antonio Pujante, los cuales alegaron que era «innecesario» el debate de una propuesta que llevará a cabo el Gobierno central.

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