La Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de la Región (TSJ) ha dado en parte la razón a la empresa constructora «M.FV., S.L.» en su disputa contra el Ayuntamiento de Mazarrón, que le exigía el pago de casi un millón de euros por el Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras.
La sentencia, indica que la empresa no está obligada a la entrega de un aval, ya que puede garantizar el pago de este tributo mediante las instalaciones que ha construido y los terrenos de su propiedad.
El TSJ indica que ante la exigencia del Consistorio de que abonase la citada suma, la constructora presentó un recurso ante el Juzgado de lo Contencioso, que dejó en suspenso la liquidación del tributo y declaró que podía ser sustituida por la presentación de un aval.
«M.FV., S.L.» recurrió la decisión ante el TSJ y alegó que debido a la situación económico-financiera por la que atraviesa España no le era posible, lo que demostraba con los certificados de dos entidades bancarias que se negaban a concedérselo.
Asimismo alegó que el valor de las instalaciones autorizadas por el Ayuntamiento constituía garantía suficiente para dejar en suspenso el pago.
La Sala ha estimado parcialmente el recurso y ha dicho que la demandante puede constituir «ante el Ayuntamiento una garantía sobre las instalaciones que han motivado la liquidación tributaria y sobre el terreno de su propiedad, siempre y cuando el valor de los mismos cubra el total importe reclamado».
