La Policía Nacional junto con la Inspección Provincial de Trabajo, la Tesorería General de la Seguridad Social y el Servicio Público de Empleo Estatal, en el marco de la colaboración existente entre distintos organismos de la Administración, han desarrollado durante las últimas semanas la Operación Alamillo, que se ha saldado con la detención de un constructor por fraude a la Seguridad Social y falsedad documental.
Los hechos fueron detectados el pasado mes de marzo al haberse tenido conocimiento de la existencia de una supuesta empresa de construcción de la zona de Mazarrón, a la cual le constaba un elevado número de trabajadores contratados en los dos últimos años, tratándose la práctica totalidad de los mismos de ciudadanos extranjeros de nacionalidad marroquí, según han informado fuentes de la Policía Nacional.
La empresa, regentada por el ciudadano español, de 39 años y residente en Mazarrón, contrató durante ese periodo de tiempo cerca de 300 trabajadores a muchos de los cuales, incluso les llegaron a constar varios periodos de cotización en la Seguridad Social, sin abonar por parte del empresario las correspondientes cuotas empresariales, habiéndose generado por este motivo una importantísima deuda cercana a los 500.000 euros, la cual ha sido anulada por la Tesorería General de la Seguridad Social, así como los distintos movimientos fraudulentos de alta.
El inicio de actividad real de esta empresa se remonta al año 2006, habiéndose dedicado desde entonces y hasta el 2009 a la realización de pequeñas obras de construcción. Es a partir de esa fecha, en plena crisis económica y especialmente en el sector del ladrillo, cuando se produce el incremento desmesurado en la contratación de empleados, dándose la circunstancia que la empresa carecía de actividad tanto laboral como económica, habiendo cesado sus operaciones mercantiles.
Curiosamente, tratándose de una empresa del sector de la construcción, durante esos tres años contrató a más de 70 mujeres, además de50 empleados que residían fuera de la provincia de Murcia, y algunos en provincias tan distantes como Lugo, Álava, Cantabria o Gerona, así como que en algunos domicilios de la provincia de Murcia se encontraban empadronados conjuntamente varios de los supuestos trabajadores de la empresa, cuando estos realmente se hallaban residiendo habitualmente fuera de España.
El constructor cobraban distintas cantidades de dinero a los extranjeros a cambio de mantenerlos de alta en la Seguridad Social durante los periodos que éstos necesitaban para distintos fines, sin que los mismos realizasen actividad laboral alguna, según relatan las mismas fuentes.
La finalidad principal de las altas ficticias era el acceso a prestaciones sociales por desempleo. Gran parte de los supuestos trabajadores eran dados de alta durante cortos periodos de tiempo y posteriormente despedidos, pudiendo acceder gracias a estos subterfugios al cobro de tales prestaciones. Muchos de ellos incluso han permanecido residiendo durante los periodos de alta y cobro de prestaciones, fuera de España, y al parecer trabajando incluso en otros países de Unión Europea.
Fruto de de esta ilícita actividad se generaron prestaciones por importe superior a los 850.000 euros, habiéndose procedido por el Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE) a la extinción y revocación de las prestaciones indebidamente cobradas y a la anulación del cobro de las cantidades pendientes.
Otra de las finalidades de estas altas ficticias era su utilización para la regularización y renovación de autorizaciones de residencia y trabajo en España.
OPERACIÓN CONTINÚA ABIERTA
La operación, que continúa abierta, culminó con la detención del constructor por la Brigada Local de Extranjería y Fronteras de la Comisaría de Cartagena, el pasado día 3 de julio de los corrientes, siendo puesto a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de Totana, que decretó su ingreso en prisión.
Este servicio se enmarca dentro de las actuaciones conjuntas que se vienen efectuando, en el marco de colaboración institucional, entre el Cuerpo Nacional de Policía, la Tesorería General de la Seguridad Social, la Inspección Provincial de Trabajo y el SEPE.
