The national police, as a continuation of the so-called operation Alamillo, proceeded to the arrest of a total of 40 foreign nationals, all of Moroccan nationality, is accused of a crime of false documents, in relation to the simulation of working relationships with a company in the sector of construction located in Mazarrón.
These arrests have been fruit of the collaboration of the national police with the Provincial Labour Inspectorate, the General Treasury of the Social Security and public service of State employment (SEPE), which has been developing since the month of May.
The month of July, the national police already arrested responsible for that company, a Spanish citizen, 39 years old, as the alleged responsible for various offences of fraud to Social Security and false documentary. This person, along with a Moroccan citizen, 43 years, with police backgrounds by false documents, simulated recruitment of a very large number of workers during the past two years.
It was at the end of 2009, in full economic crisis and especially in the sector of brick, when there was increasing disproportionate in the hiring of employees, giving the fact that the company lacked both labour and economic activity having ceased all business operations. Despite all this, the hiring of some three hundred workers, which used the rights acquired by the high social security for various purposes was simulated in the period between 2010 and 2011.
The main purpose was access to social benefits for unemployment, being fictitious workers discharged and later dismissed, only for the time necessary to complete contribution periods required legally for the access to them. In the same way, sometimes sought to gain access to residence permits, their renewals or to benefit from the right to family reunification provided in the Aliens Act.
Many of the accused would have been residing during periods of high and payment of benefits outside of Spain, both in their home countries and elsewhere in the European Union.
In the case of a company in the construction sector, during those two years hired more than seventy women, meaning it in the same way that approximately fifty «fake people» residing outside the province of Murcia, some in such distant provinces like Lugo, Alava, Cantabria or Girona.
Another of the tricks used was to allow voter registration set of several workers in some homes in the province of Murcia, although they really were outside the province and even Spain.
The research shows that the employer took different amounts of money to foreigners in exchange for keeping them high in Social security during periods that they needed for referral purposes, without that they arrived «at any time» to perform any work activity.
By the General Treasury of the Social security you have undone all the movements of high and low of the investigated, having generated a Social Security debt for non-payment of assessed contributions and other concepts of collection of half a million euros. In the same way the SEPE proceeded to extinction/revocation of improperly generated benefits and that they aproximarían to 1 million euros.
The operation has been developed by the Brigade of aliens and frontiers of Cartagena, counting on the collaboration of the Commissioner General and the Brigade of aliens of Lorca. The research is part of joint actions that are taking place within the framework of institutional collaboration between the national police, the General Treasury of the Social Security, the Provincial inspection of work and the SEPE.
El Cuerpo Nacional de Policía, como continuación de la denominada Operación Alamillo, ha procedido a la detención de un total de cuarenta ciudadanos extranjeros, todos ellos de nacionalidad marroquí, acusados de un delito de falsedad documental, en relación a la simulación de relaciones laborales con una empresa del sector de la construcción ubicada en Mazarrón.
Estas detenciones han sido fruto de la colaboración de la Policía Nacional con la Inspección Provincial de Trabajo, la Tesorería General de la Seguridad Social y el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), que se ha venido desarrollando desde el pasado mes de mayo.
El pasado mes de julio, la Policía Nacional ya detuvo al responsable de esa empresa, un ciudadano español, de 39 años, como presunto responsable de diversos delitos de fraude a la Seguridad Social y Falsedad Documental. Esta persona, junto con un ciudadano marroquí, de 43 años, con diversos antecedentes policiales por falsedad documental, simularon la contratación de un elevadísimo número de trabajadores durante los dos últimos años.
Fue a finales de 2009, en plena crisis económica y especialmente en el sector del ladrillo, cuando se produjo el incremento desmesurado en la contratación de empleados, dándose la circunstancia que la empresa carecía de actividad tanto laboral como económica, habiendo cesado todas sus operaciones mercantiles. Pese a todo ello, en el periodo comprendido entre 2010 y 2011 se simuló la contratación de unos trescientos trabajadores, los cuales utilizaron los derechos adquiridos por las altas en la Seguridad Social para diversos fines.
La finalidad principal fue el acceso a prestaciones sociales por desempleo, siendo ficticios los trabajadores dados de alta y posteriormente despedidos, únicamente durante el tiempo necesario para completar los periodos de cotización exigidos legalmente para el acceso a las mismas. Del mismo modo, en otras ocasiones se pretendía acceder a permisos de residencia, a sus renovaciones o a beneficiarse del derecho a la reagrupación familiar previsto en la Ley de Extranjería.
Muchos de los imputados habrían permanecido residiendo durante los periodos de alta y cobro de prestaciones fuera de España, tanto en sus países de origen como en otros de la Unión Europea.
Tratándose de una empresa del sector de la construcción, durante esos dos años contrató a más de setenta mujeres, significándose del mismo modo que unos cincuenta “falsos empleados” residían fuera de la provincia de Murcia, algunos en provincias tan distantes como Lugo, Álava, Cantabria o Gerona.
Otra de las artimañas utilizadas era permitir el empadronamiento conjunto de varios trabajadores en algunos domicilios de la provincia de Murcia, si bien éstos realmente se encontraban fuera de la provincia e incluso de España.
De la investigación realizada se desprende que el empresario cobró distintas cantidades de dinero a los extranjeros a cambio de mantenerlos de alta en la Seguridad Social durante los periodos que éstos necesitaban para los fines referidos, sin que los mismos llegasen “en ningún momento” a realizar actividad laboral alguna.
Por parte de la Tesorería General de la Seguridad Social se han anulado todos los movimientos de alta y baja de los investigados, habiéndose generado una deuda con la Seguridad Social por impago de cuotas y demás conceptos de recaudación de medio millón de euros. Del mismo modo el SEPE procedió a la extinción/revocación de las prestaciones indebidamente generadas y que se aproximarían al millón de euros.
La operación ha sido desarrollada por la Brigada de Extranjería y Fronteras de Cartagena, contando con la colaboración de la Comisaría General y de la Brigada de Extranjería de Lorca. La investigación se enmarca dentro de las actuaciones conjuntas que se vienen efectuando en el marco de colaboración institucional entre el Cuerpo Nacional de Policía, la Tesorería General de la Seguridad Social, la Inspección Provincial de Trabajo y el SEPE.
