miércoles, agosto 17, 2022
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Noticias Puntas de Calnegre – El Tribunal Supremo ordena que Puntas de Calnegre sea desmantelado

El Ayuntamiento de Lorca comunica que respaldará a los vecinos.

El Tribunal Supremo ha ordenado que el poblado pesquero de Puntas de Calnegre sea «desmantelado» por invadir el dominio público marítimo-terrestre.
Ante ello, el portavoz de Comunicación del Ayuntamiento de Lorca, Francisco García, ha anunciado que el Consistorio Municipal va a respaldar a los vecinos de Puntas de Calnegre «en su decisión de continuar defendiendo el mantenimiento de este poblado frente a las intenciones del Gobierno de la Nación y su Demarcación de Costas, que perseveran en el derribo del mismo».
García ha informado de que a pesar de que el recurso que se presentó ante el Tribunal Supremo ha sido desestimado, tanto por parte de los vecinos como del propio Ayuntamiento se va a seguir defendiendo el mantenimiento del núcleo existente en Puntas de Calnegre.
Ha destacado la «decisiva importancia» que tuvo la decisión del Ayuntamiento de solicitar la declaración de Bien de Interés Cultural por motivos Etnográficos para el poblado de Puntas.
García ha recordado que esta petición sí que cuenta con el respaldo de la Comunidad Autónoma, que, a través de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales, procedió a la tramitación de la pertinente declaración.
Una decisión a la que se oponen frontalmente desde el Gobierno de la Nación, el Ministerio de Medio Ambiente y la Demarcación de Costas del Estado en la Región de Murcia. «Estas administraciones han dejado patente su rechazo al mantenimiento del poblado en repetidas ocasiones, teniendo como ejemplo más concreto la presentación de un recurso de anulación contra la incoación del expediente», señaló en comunicado.
Sin embargo la tramitación siguió su curso, puesto que la Comunidad Autónoma lo desestimó. Pese a que vecinos, Ayuntamiento y Comunidad Autónoma, «estamos todos a favor de la conservación de este núcleo, de nuevo desde el Gobierno de la Nación, empecinados en su intento por demoler este poblado, presentaron un recurso contencioso administrativo».
El portavoz de Comunicación ha aclarado que, en todo caso, desde el mismo momento en que se incó el expediente, el poblado pesquero de Puntas cuenta con protección. De hecho, indicó, «podemos afirmar que si el Ayuntamiento y la Comunidad Autónoma no hubieran impulsado la declaración de BIC para Puntas de Calnegre, ahora mismo el Gobierno de la Nación no tendría obstáculo alguno para demolerlo».
PERSECUCIÓN «OBSESIVA» DESDE COSTAS
El concejal de Medio Ambiente, Melchor Morales, ha indicado que «en el caso de Puntas de Calnegre existe una obsesión de la responsable de Costas (Francisca Baraza) por derribarlo y es que, subrayó, «son continuas las denuncias que nos remite, tanto contra los vecinos como contra el propio Ayuntamiento. Su persecución es obsesiva».
El caso más reciente es de hace una semana, cuando exigía por escrito al Ayuntamiento que retirara dos áreas de recreo que según ella habíamos instalado en la playa de Puntas (un campo de fútbol y otro de voley-playa), cuando, apuntó, «la realidad es que nosotros no hemos sido quienes lo han instalado».
«Aquí lo importante es mantener el poblado pesquero por más que le moleste a Baraza. Estamos todos a favor de su conservación, por lo que le solicitamos, una vez más, que retire su recurso contra la declaración de BIC. Sería más coherente derribar el ático de Pepe Blanco (Ministro de Fomento) que tocar una casa del poblado de Puntas», añadió.
UNA ACTUACIÓN «DIGNA DE ESTUDIO», SEGÚN VECINOS
El presidente de la Plataforma Ciudadana para la Conservación del Poblado de Puntas de Calnegre, Juan de Dios Martínez, ha explicado que el pasado lunes se mantuvo una reunión entre el Ayuntamiento y los vecinos con el objetivo de analizar la situación que se plantea ante la decisión del Supremo, y las acciones que se pueden iniciar a partir de este momento.
De esta forma, se ha planteado una consulta jurídica para saber si se puede presentar un recurso de amparo ante el Constitucional. En caso de que no hubiera lugar, se procedería a plantear un recurso ante el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo.
Martínez ha señalado que «existe una gran preocupación vecinal en este sentido, aunque se mantiene la esperanza por el respaldo del Ayuntamiento. Nosotros no somos ocupas, el poblado tiene constatada una antigüedad superior a los 200 años».
El deslinde de 1977 se hizo de forma temporal y no tuvimos oportunidad de defender nuestros derechos como ciudadanos, ni tampoco de alegar. La actuación de la Demarcación de Costas del Estado en Murcia es, a su juicio, «digna de estudio, pero alguna se va a quedar con las ganas de derribar nuestro poblado. No entendemos porqué se han empeñado en cometer un agravio comparativo con respecto a otros municipios».

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